En un auto de 11 páginas, el titular del Juzgado de Central de Instrucción número 6, afirma que la “intimidación ambiental” que supuso la acción en grupo sobre parlamentarios en el ejercicio de su cargo añade gravedad delictiva a “acciones que aisladamente serían constitutivas de delitos menores o incluso de faltas”, como escupir, insultar, arrojar líquidos, bloquear o acosar a las personas. Fuentes jurídicas señalan que esta consideración podría utilizarse en el futuro para definir penalmente los escraches (acosos a los políticos en sus domicilios).